30.06.2026
El Real Decreto-ley 18/2026 prorroga y ajusta parte de las medidas aprobadas el pasado mes de marzo para amortiguar el impacto de la crisis energética. Su aprobación coincide con el compromiso de numerosos países para reforzar la eficiencia energética como herramienta clave para mejorar la competitividad y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
El Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 18/2026, de 29 de junio, por el que se adoptan nuevas medidas en el marco del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. La norma da continuidad al Real Decreto-ley 7/2026, aprobado el pasado mes de marzo, prorrogando parte de las medidas temporales y manteniendo la estrategia de impulso a la transición energética y de reducción de la dependencia de los combustibles fósiles.
En Inergy ya analizamos las principales novedades del Real Decreto-ley 7/2026, especialmente aquellas que afectaban a la facturación energética, el autoconsumo y las comunidades energéticas. Puedes consultar ese análisis en nuestra noticia: Inergy analiza el impacto del Real Decreto-ley 7/2026 en la facturación de suministros, autoconsumo y comunidades energéticas.
Una retirada progresiva de las medidas extraordinarias
A diferencia del Real Decreto-ley 7/2026, que introdujo un amplio paquete de medidas de respuesta inmediata ante la escalada de los mercados energéticos, el nuevo Real Decreto-ley 18/2026 plantea una retirada gradual de parte de estas medidas conforme se estabiliza la situación internacional.
La norma mantiene durante tres meses aquellas actuaciones que finalizaban el 30 de junio, incorporando un esquema de reducción progresiva (“phase out”) hasta finales de septiembre. Además, prevé un mecanismo de salvaguarda que permitiría reactivar automáticamente determinadas medidas fiscales si los precios de la electricidad, el gas o los carburantes vuelven a registrar incrementos significativos.
Entre otras cuestiones, el nuevo texto modifica algunos aspectos regulatorios introducidos por el Real Decreto-ley 7/2026 en materia de acceso y conexión a la red eléctrica y mantiene actuaciones destinadas a reforzar la soberanía energética, impulsar las energías renovables y mejorar la resiliencia del sistema energético español.
Una estrategia alineada con la tendencia internacional
La aprobación del nuevo Real Decreto-ley coincide con un contexto internacional en el que cada vez más gobiernos sitúan la eficiencia energética como una de las principales herramientas para afrontar la volatilidad de los mercados energéticos.
Durante la reciente conferencia internacional organizada por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), representantes de numerosos países coincidieron en la necesidad de acelerar las políticas de eficiencia energética para reducir la demanda, reforzar la competitividad de las empresas y disminuir la dependencia de los combustibles fósiles. La eficiencia energética se consolida así como un elemento estratégico para mejorar la resiliencia económica y avanzar en los objetivos de descarbonización.
Un reto especialmente relevante para empresas y administraciones públicas
En este escenario, las empresas y las administraciones públicas desempeñan un papel fundamental. La mejora de la eficiencia de edificios, instalaciones e infraestructuras, la electrificación de consumos, el despliegue de energías renovables y la gestión inteligente de la energía permiten reducir costes, optimizar recursos y disminuir la exposición a la volatilidad de los mercados energéticos.
Más allá de las medidas regulatorias, la capacidad para medir consumos, analizar resultados y planificar actuaciones de mejora será un factor cada vez más importante para que las organizaciones puedan adaptarse a un entorno energético en constante evolución.
Una hoja de ruta que mira más allá de la coyuntura
El Real Decreto-ley 18/2026 no supone únicamente la prórroga de determinadas medidas extraordinarias. También confirma una tendencia que ya se apuntaba en el Real Decreto-ley 7/2026: la transición hacia un modelo energético más eficiente, electrificado y menos dependiente de los combustibles fósiles continuará siendo una prioridad de la política energética española y europea durante los próximos años.
